Por Jesús Janacua Benites 

En fechas recientes el cultivo de berries y aguacate en Michoacán ha crecido de manera exponencial. Según una apreciación de la Asociación Nacional de Productores de Berries, la producción de frutos rojos representa la entrada al país de cerca de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres millones de dólares, por la exportación a países como Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la producción industrial de mercancías agrícolas como las berries y el aguacate deja tras de sí consecuencias y costos ambientales que, en muchos casos, las empresas y asociaciones como la ANEBERRIES y la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se niegan a reconocer y, por lo tanto, a indemnizar o reparar los daños ocasionados, por lo que, la mayoría de las veces, son las mismas comunidades y los propios comuneros y comuneras quienes terminan por hacerse cargo de las afectaciones provocadas por las empresas agrícolas. 

Por supuesto, las condiciones económicas de precariedad y la falta de fuentes y alternativas de empleo han ocasionado que muchas comunidades rurales e indígenas vean en la renta de tierras para la producción de berries una alternativa, por lo que el área del monocultivo rojo se ha expandido por distintos rincones de la geografía del estado. 

Esta expansión del capital berrie ha comenzado a suscitar resistencias y movimientos de protesta contra las consecuencias ambientales, laborales y de salud que estos proyectos agrícolas generan. Si bien sus formas de resistencia son variadas, en el objetivo parecen coincidir: detener el crecimiento de los proyectos agrícolas y las consecuencias generadas por estos. 

En noviembre de 2018, la comunidad p´urhépecha de Santo Tomás inició un movimiento de protesta contra la empresa Agrícola Superior de Jacona, empresa que, violentando la asamblea general de comuneros, inició en 2012 la renta de terrenos comunales para la producción de berries a través de contratos individuales.

Después de poco más de seis años de producción, las prácticas de la empresa comenzaron a generar agravios en las y los comuneros. Atrasos en el pago de las rentas, incumplimiento de una serie de acuerdos firmados por la empresa como requisito para la instalación del monocultivo y afectaciones ambientales como la deforestación, la erosión del suelo, la gestión inadecuada de desechos agrícolas (los plásticos de macrotúnel y acolchados, así como botellas y contenedores de agroquímicos), dieron inicio a un movimiento de protesta que terminó con la expulsión de la empresa de los terrenos comunales en junio de 2019. 

Aproximadamente a cien kilómetros de distancia de Santo Tomás, en la región de Peribán y Los Reyes, tuvo lugar una movilización social contra el uso de cañones antigranizo, protagonizada por campesinos y ganaderos. El día 30 de mayo de 2020, ganaderos y campesinos de la región de Peribán y Los Reyes sentenciaron a los aguacateros con una manta en la que se leía: 

A todos los productores que se les sorprenda con cañones antigranizo se les mochará la huerta, tienen 3 días para retirarlos ya que están provocando una gran sequía. 

Ante dicha sentencia, los productores de aguacate incumplieron, por lo que el día 5 de julio de 2020, los campesinos organizados se presentaron en algunas huertas derrumbando árboles frutales y cuatro cañones antigranizo.

Fue el uso de cañones antigranizo lo que específicamente dio inicio a las acciones de protesta en la región, pues, a decir de los afectados, una de las consecuencias del uso de los cañones antigranizo fue la drástica disminución de las lluvias lo que, a su vez, afectó seriamente la producción maicera de temporal y con ello se vio afectada la alimentación de las familias. 

El resultado de la movilización fue importante, porque al visibilizar la problemática y las afectaciones producidas por el uso de los cañones antigranizo, se logró llamar la atención del poder legislativo. Fue la diputada Araceli Saucedo Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien el 20 de agosto de 2020 presentó en tribuna una reforma de ley para regular el uso de los cañones antigranizo; sin embargo, la propuesta no fue bien vista por algunos campesinos que buscaban, más que la regulación, la prohibición total del uso de los aparatos. 

En las comunidades de Lagunillas y Huiramba, entre Pátzcuaro y la ciudad de Morelia, algunos campesinos comenzaron a quejarse de las afectaciones producidas por las empresas agrícolas, especialmente Driscoll´s. Para ellos, a diferencia de Santo Tomás, la afectación más importante generada por la producción de berries ha sido la escasez de lluvia por el uso de cañones antigranizo, que las empresas freseras utilizan para proteger sus cultivos de potenciales lluvias con granizo. 

A decir de los campesinos, el uso de estos aparatos ha generado una escasez de lluvia que ocasionó una disminución en la producción maicera de temporal:

en esa región no nos llueve, en otros tiempos teníamos pasturas verdes, hoy no hay nada y es a raíz de que llegaron los cañones antigranizo al área, hoy llueve, van las nubes y se desaparecen y eso estamos seguros que es por los cañones antigranizo; tenemos tres, cuatro años perdiendo cosechas por hay de eso, pus nada más eso, no queremos los cañones antigranizo.

Como parte de las acciones de movilización, también en esta región surgió una propuesta de reforma que, a diferencia de la presentada por la diputada Araceli Saucedo, buscaba la prohibición total del uso de cañones antigranizo. Para ello, los campesinos organizados se asesoraron con el abogado Daniel David Romero Robles, del municipio indígena de Cherán K´eri, y del abogado Raymundo Ortiz Martín del Campo.

Estas experiencias dejan entrever que, por lo menos en las comunidades indígenas, la producción industrial de mercancías agrícolas, lejos de significar dinamismo económico, está generando una gran cantidad de agravios y afectaciones.

Todo esto debe comenzar a resolverse, antes de que sea demasiado tarde. 

    

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