La semana pasada el presidente López Obrador, quien ha jugado frente al espejo el delicioso juego de creerse el Magnífico, dio un giro de tuerca que radicaliza aún más esa dirección: cayó en cuenta que, como si fuese “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos, podía simplemente acordar consigo mismo y declarar las grandes obras de su gobierno “asunto de seguridad nacional”.

El acuerdo administrativo del lunes 22 de noviembre, que declara a Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya y otras obras y proyectos “asunto de seguridad nacional”, tomado en la soledad del despacho presidencial, sin más interlocutor que él mismo y sin más quórum que su sombra, es prueba de que el Magnífico y Todopoderoso presidente se siente y asume por encima de las instituciones, de la ley y el Estado. 

Ese documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sólo no tiene desperdicio para quien quiera establecer el retrato psicológico de Andrés López; tampoco lo tendrá en un futuro cercano, cuando los historiadores de lo inmediato coloquen el experimento de la 4T en la fila de los nuevos despotismos latinoamericanos.

Como casi todas las medidas tomadas por el actual gobierno, ésta también alimentó las llamas de la polarización, que frecuentemente llenan de ruido lo que debería ser objeto de un debate racional.

Para unos, de perfil perfectamente claro y predecible, ese acuerdo presidencial equivale a un instrumento Beatífico y Magnánimo, digno de una Gran Epopeya Histórica que debe celebrarse en cada rincón y pueblo de la patria, sencillamente para que los “malditos neoliberales” y los “conservadores de todo jaez” no echen abajo un día la obra sacrosanta y bienhechora del Gran Señor.

Para otros, generalmente críticos de poca monta y nostálgicos de épocas de oprobio e impureza, el acuerdo presidencial no sólo atropella cinco artículos de la Carta Magna (128, 89, fracción 1, 26, 90, 134), sino incluso la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIPG), la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF) y, desde luego, la Ley del Instituto de Acceso a la Información (LIAI), cuyo organismo informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque el acuerdo viola o subvierte normas y principios que rigen su materia.

Además de que ese acuerdo no invoca la Ley de Seguridad Nacional en la que dice apoyarse, su contenido no cumple los requisitos y normas que se prevén (artículo 5), a la hora de enlistar los eventos que podrían considerarse “amenazas” para la seguridad nacional. La ley destaca el espionaje, el sabotaje, el terrorismo, la traición a la patria, el genocidio, la obstrucción o bloqueo de operaciones militares y los actos de intervención extranjera. Pero, en sentido estricto, ninguna de estas supuestas amenazas se equipara con las consideraciones jurídicas del acuerdo presidencial.

Por tanto, decretar sin fundamento técnico y jurídico que tal o cual obra es o debe considerarse de seguridad nacional, es un penoso síntoma de ignorancia en el vértice del poder, pero también una muestra de que alguien busca patear el avispero de las diferencias nacionales, tensándolas y enconándolas más, con el fin perverso de arrancarse la piel e inmolarse en la pira mediática, para atizar las llamas de la confrontación nacional.

En esencia, no es sólo riesgoso y torcido que en el acuerdo se asuma que obras y proyectos de hoy tendrán fines “exclusivamente militares”, porque es algo más que eso: señal inequívoca de valores entendidos entre la élite militar y la élite política, o indicio de que alguien juega con fuego sin reparar en las posibles consecuencias de sus actos.

La novela latinoamericana es pródiga en advertir los riesgos, peligros, grietas, valladares y desembocaduras históricas que se corren cuando el poder civil coquetea con el militar, o cuando es despertado en el poder militar el apetito del poder político. Dos palabras definen y sitúan esta fisura de riesgo histórico: dictadura y tiranía.

Si apenas ayer se condenaba con singular vigor, en todo el país, la suprema inmoralidad de la “estafa maestra” del sexenio anterior, no es lógico ni cuerdo que ahora se aplauda sin chistar, desde las gayolas del morenismo, lo que en el acuerdo presidencial tiene todos los visos y trazas de llegar a ser la “otra estafa maestra”.

La fe narcisista del todopoderoso en sí mismo no es fe: es un delirio ideológico que, por desgracia, ha contaminado ya y sigue contaminando a millones de mexicanos. 

El principio de seguridad nacional es muy delicado como para manosearlo de la forma en que lo viene haciendo el presidente López Obrador. No obstante, el último filtro que podría detener la felonía maestra de la 4T es la Suprema Corte, donde una mayoría de ministros con dignidad y decoro, siendo congruentes, podrán declarar la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial en cuestión.      

Colocarse por encima de las instituciones democráticas, adoptar un rol omnímodo frente a frenos y contrapesos dictados por la ley y creerse fuera del alcance de normas y procedimientos constitucionales, es algo que distingue a los autócratas de todos los tiempos. Esperemos que quienes ejercen el más alto ministerio de la ley, sean congruentes con los imperativos éticos de su investidura.


Pisapapeles

El que daña o sabotea el imperio de la ley puede ser cualquier cosa, pero no un demócrata.

leglezquin@yahoo.com

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