El Tren Maya es una obra personal, no una obra de Estado o de gobierno, pese a que haya quien jure y perjure que se trata de una obra legal y estratégica, llamada a detonar el progreso emblemático del sureste mexicano.

En un gobierno fincado en el personalismo desbocado y en la inflamación del ego, no es extraño que cualquier loseta de barro, cualquier piedra y cualquier durmiente de ferrocarril sean indicación de “arriba” y sirvan como pretexto de culto a la personalidad.

Se supone que la acción de gobierno, y con más razón la acción de Estado, debe desarrollarse con base en diagnósticos certeros y definiciones claras sobre lo que es importante, lo que es prioritario, lo que es urgente y lo que es estratégico. Ninguna de estas premisas y ninguna voluntad de Estado avalan al Tren Maya.

Lo mismo que el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya fue decidido a medias por unos cuantos que fueron a una consulta, sin conocimiento del tema y que están lejos de representar el sentir profundo del sureste y el país. Esto, nada más por lo que toca al dudoso origen “popular” de la obra.

Sin embargo, como se ha hecho de la palabra “pueblo” un pretexto legitimador de caprichos y ocurrencias y un salvavidas frente a los críticos, cualquiera que se oponga a lo “popular” merece los estigmas, maledicencias y anatemas que se lanzan desde el furor matinal de cada día.

Por lo que hace a los trámites y procedimientos por los que una obra es autorizada, el Tren Maya se sustenta en un proyecto ejecutivo incompleto y deficiente, no cuenta con estudios creíbles de factibilidad ni de mecánica de suelos, no tiene una manifestación de impacto ambiental y, por consiguiente, en su realización se están violentando criterios etno y antropológicos y ordenamientos civiles, ecológicos y ambientales, que en conjunto han detonado la alarma y la protesta de los ambientalistas, además de la inconformidad de amplias comunidades del sureste mexicano, incluido el EZLN.

Es decir, en el caso del Tren Maya no sólo se ha dado preeminencia a una voluntad de poder sobre una razón jurídica, sino que se pretende burlar toda norma y todo proceso legal en aras de imponer el capricho de un hombre.

Además del atropello que esto significa, lo que molesta e irrita a los activistas y ambientalistas es que desde Palacio Nacional se presente la lucha contra el Tren Maya como una lucha política contra la 4T, cuando en los hechos no es así.

El juzgado primero de distrito con sede en Yucatán, a cargo de Adrián Fernando Novelo Pérez, quien en mayo decretó la suspensión provisional del tramo cinco del Tren Maya, fundando su resolución en la tala inmoderada y la devastación que se hace de la biodiversidad de flora y fauna entre Tulum y Playa del Carmen, lo que hizo fue detener obras que están dañando los ecosistemas y destruyendo el hábitat natural de especies protegidas en proceso de extinción.

Una de esas especies es la que tiene su hábitat en el Santuario del Jaguar, a unos cuantos kilómetros de la población de Calakmul, en Quintana Roo.

Por su parte, el propio juez que decretó la suspensión definitiva de las obras del tramo cinco del Tren Maya, no hizo otra cosa que reivindicar los fueros de la ley frente a una serie de abusos de autoridad, en los que ha quedado claro que lo que se busca es facilitar la imposición de un capricho unipersonal y favorecer intereses muy cercanos a los hombres del poder.

En otras palabras, con clichés y propaganda se ha querido vender la obra del Tren Maya como surgida de una iniciativa popular y, además, como un proyecto llamado a hacer del sureste un polo de desarrollo para el país, cuando en realidad los beneficiarios serían la familia presidencial, Carlos Slim Helú, los empresarios fieles a la 4T y la élite militar cercana a Luis Crescencio Sandoval.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional y con el Reglamento de Deberes Militares, una obra de folclor o con vocación turística como el Tren Maya no puede, en modo alguno, ser considerada y clasificada como obra estratégica y de seguridad nacional.

Ni los activistas, ni los críticos ni los ambientalistas se oponen al progreso o al desarrollo de grandes regiones del país. A lo que en realidad se oponen es a que se hagan obras sin ton ni son, que por un lado no son estratégicas ni prioritarias y por otro no cumplen con los requisitos y encuadres de la legalidad.

Ninguna obra pública debe ser pretexto para tirar el dinero ni para malgastarlo en proyectos que pueden servir al lucimiento personal de un hombre o un gobierno, pero que en sentido estricto es técnicamente inviable y sería poco rentable para el país.    

México ocupa seguridad pública de a deveras en todos los rincones del país, educación de verdadera calidad para todos, economía pujante y en expansión y, desde luego, gobiernos que pongan orden en la casa de la República.

Esto es, realmente, en lo que se ocupa invertir. Lo que se salga de lo estratégico y prioritario, sencillamente no es estratégico ni prioritario.


Pisapapeles

Yo deseo un país mejor para todos, no un país en el que sólo unos cuantos mejoren.

leglezquin@yahoo.com  

 

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