Un México inflamable

Por Leopoldo González

El lunes anterior, en 14 puntos de la CD.MX y en 11 del Edomex, casi dos mil integrantes del Gremio Gasero Nacional hicieron bloqueos de vialidades y oficinas públicas, tomas de carreteras y una protesta multitudinaria en las afueras de la Sener, pidiendo al gobierno federal aumentar un peso el litro de gas LP, buscando no afectar a organizaciones de gaseros y darle a ganar tan sólo 50 centavos a quienes surten el gas doméstico. 

La protesta callejera comenzó siendo ejemplar, por pacífica y civilizada, hasta que llegó la respuesta del gobierno capitalino: docenas de camionetas con granaderos, 300 elementos de seguridad pública y golpeadores de Claudia Sheinbaum prontos a desactivar la manifestación, con el agregado de que no se aumentaría un solo centavo el precio del gas. En la zacapela se hirió al líder Enrique Medrano Meza, hubo un torneo de patadas y empujones entre gaseros y policías, salió a relucir una manguera con gas y los comisionistas de gas LP advirtieron que se irían a paro nacional.

Durante horas quedaron varados miles de automovilistas; la sociedad fue puesta en riesgo; los operadores políticos de la Sener no supieron para qué sirve ni cómo se opera una estrategia de disuasión y, al final, la adrenalina del conflicto no fue disipada ni resuelta.

Al margen de que un buen gobierno es garante de orden y evita en lo posible las incomodidades sociales, cosa que no ocurrió el pasado lunes, es claro que el gobierno de la 4T trata a las organizaciones críticas como enemigas y a los aliados estratégicos como cómplices y peones de estribo, lo cual no es sano ni normal.

Lo que está detrás del conflicto con el gremio gasero es una idea de país que no conviene a México y que intenta llevarnos a una mentalidad económica en desuso, en la que priven el trueque primitivo, el “tequio” oaxaqueño y la decimonónica economía del trapiche.

La contrarreforma energética que impulsa AMLO, por medio de la iniciativa que -dicen ellos- busca fortalecer a la CFE, es un proyecto con dos puntas: en una punta está el conservadurismo populista que lleva a México al pasado y, en otra, la visión de un estado patrimonialista en el que la hacienda pública es usada como caja chica presidencial no sólo para saquear, sino para maicear incautos y clientelas.

Por lo que hace a la primera punta, su planteamiento da más peso al Estado que al mercado, apela a una concepción “rinconera” de la economía y ve a la empresa y a la tecnología como factores de riesgo que atentan contra la identidad y la soberanía nacional. Lo curioso de esta visión es que corresponde a quien no entiende ni quiere al mundo, puesto que sus ejes conceptuales están en desuso desde la última década del siglo pasado.

Por esa visión estrecha de las energías que hoy mueven al mundo, la política energética del cuatroteísmo prevé la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque se trata de centralizar todo en la Sener y de hacer del Estado, anticonstitucionalmente, depositario y artífice del principal monopolio de la energía en el país. Con ese diseño, los bolsos y las chequeras abultadas de que hoy disponen Rocío Nahle y Manuel Bartlett, seguro les resultarán insuficientes.

Si los galimatías ideológicos y verbales de la 4T tuviesen un proyecto de modernización y su propósito fuese alcanzar el futuro, seguramente tendría a todo el país de su lado. No es así, por eso sólo tiene a su favor a los suspirantes de alguna tradición y a los nostálgicos del pasado.

En lo relativo a la segunda punta, sigue siendo deplorable el uso de la hacienda pública como si fuese una extensión de la hacienda particular. Es la execrable tradición, virreinal e indígena, que no acaba de irse y vuelve en cada uno de los atolladeros de nuestra historia: el patrimonialismo. Como México es un país en el que la demagogia retórica va por un lado y la mano abusona del político y el gobernante por otro, se ve como algo normal que ambos abulten sus chequeras al amparo del poder.

Mueve a reflexión que se apuntale a una empresa como PEMEX en un mundo que a diario desecha firmas y descontinúa corporativos de energías fósiles, y que además se insista en construir una refinería como Dos Bocas cuando lo que urge es infraestructura para generar energías limpias y tecnología para dejar de importar el 60% del gas natural que se consume en el país. Ergo: si las energías sucias son el inodoro de la función pública en la 4T, mal negocio redondo es ese.

Si el subsidio a la gasolina y al diesel asciende a 53 mil 882 millones de pesos, contantes y sonantes, no es razonable que en México se pague una de las gasolinas más caras de América Latina, menos aún cuando el precio internacional de barril de crudo se halla en 76.27 dólares, lo cual significa que miles de millones de dólares de excedentes petroleros están ingresando nuestro país.

Queda aún por saber si la empresa Gas Bienestar, con el negocio redondo que significa para la oligarquía gubernamental, podrá o no desarticular el músculo del Gremio Gasero Nacional, que ya comenzó a padecer las patadas y espinillazos de un gobierno supuestamente popular.

Un país cuyo talud continental está asentado sobre combustibles, es un país con muchas realidades inflamables.


Pisapapeles

El problema central de un país a veces no es el gas, sino los gases. 

leglezquin@yahoo.com

 

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