EL PAPEL DE LA HISTORIA EN LA SOCIEDAD

Por Abel Padilla Jacobo**

Como cualquier tema de relevancia en la actualidad, los recientes acontecimientos nacionales que han tenido lugar a partir del incremento de los combustibles en México, abren espacios para reflexionar en torno al papel que tiene la historia y el historiador en la sociedad. A la fecha, el tema de los múltiples impactos de orden económico, político y social que ha causado –y seguirá causando– dicho fenómeno económico en la vida nacional, aparece como la punta de un iceberg que tiene tras de sí un largo historial de políticas públicas con resultados parciales o nulos –por cierto, no todos reducibles a este sexenio (2012-2018), pero sí agudizados muchos de ellos–, cuyos propósitos, sólo en la teoría, se han abocado a atender las demandas de bienestar estructurales de la sociedad mexicana: educación, salud, impulso a la economía familiar y nacional, estado de derecho y seguridad en los derechos de propiedad, justicia y seguridad públicas, ataque a la corrupción. Rubros todos por cierto, presentes, excepto el embate a la corrupción, en el espíritu de la Constitución federal de 1917, próxima a cumplir, el 5 de febrero, cien años de haberse promulgado.

Así pues, se tiene la sensación de que la vida nacional actual está pasando por un punto de inflexión que presenta viejos y nuevos fenómenos que la determinan. Entre los primeros, uno de los que nos parecen más sustantivos, lo constituye el proceso de debilitamiento progresivo que está experimentado no solamente el presente régimen en el poder, sino también, y en buena medida, el sistema político mexicano en su conjunto, esto respecto de su legitimación ante la sociedad, y con ello la ausencia, cada vez más al descubierto, de un proyecto de nación consensado y puesto en práctica, que implicara un alto grado de unidad nacional. Las sensaciones por ende, son de incertidumbre e incredulidad; de una distancia cada más marcada entre Estado y ciudadanía, y donde las recetas del Estado mexicano parecen volver a las fórmulas del pasado político-corporativista revolucionario inmediato. Lo novedoso por otra parte, es la participación ciudadana y sus instrumentos de organización y empuje, no obstante que éstos se encuentren aún en una fase embrionaria, o de poca influencia tangible en todo caso, en las más altas esferas de poder político y económico. Justamente bajo este escenario, es donde se ubica el historiador, con sus herramientas y sus dificultades propias de su profesión, las cuales son, a nuestro parecer, fiel reflejo de la sociedad misma, es decir, al momento, creemos, que la historia y el historiador aún no han aportado –o no han hecho llegar– el suficiente conocimiento a la sociedad con el fin de que ésta vigorice su conciencia social y su participación en los asuntos decisivos de la vida nacional.

II.

Empecemos entonces por precisar dos puntos que tienen que ver con la filosofía de la historia: el objeto de estudio de la historia, y la historia para qué. De entrada, con su definición, cabe subrayar que ambos temas son inseparables respecto de las funciones sociales que ostenta dicha disciplina humanística. Por lo tanto, dada su importancia, y de acuerdo con el connotado historiador Enrique Florescano, algunas de esas funciones sociales de la historia son las siguientes: crear valores compartidos y generar identidad grupal o nacional; reconocer la diversidad, y conocer lo extraño y lo remoto; registrar los cambios y trasformaciones sociales; entender el pasado desde el presente; analizar la historia como experiencia pretérita para evitar los errores del pasado; hacer juicios del pasado con responsabilidad; ver la historia como proveedora de arquetipos que obedecen a intereses concretos, hoy en día por ejemplo, los principales difusores de ellos son el libro, el museo y los medios masivos de comunicación; la reconstrucción crítica del pasado; y generar nuevas preguntas con nuevas metodologías.i

Por otro lado, dichas funciones sociales dejan ver las transformaciones que el objeto y el método de estudio de la historia han experimentado a través del tiempo, y por ende son claves para entender el quehacer del historiador en la sociedad presente. En este complejo andamiaje, se pueden detectar, de modo aleatorio, tres fases. 1. Por principio, se pudiera decir que el objeto de estudio de la historia es sencillamente el pasado o el hombre, pero sin embargo, su acepción ha cambiado con el discurrir de la humanidad. Así, hasta antes de la profesionalización de la historia (2), el pasado o el hombre se interpretaron, intermitentemente, como todo lo pretérito, o bien, sólo partes de ese todo, lo cual obedecía, por lo general, a los intereses de los grupos dominantes de cualquier sociedad en el tiempo. De esta manera por ejemplo, el objeto de estudio de la historia se vinculó a la elaboración de apologías sobre reyes y héroes, o bien, como en la Edad Media, el dios cristiano sustituyó al hombre como el origen de lo histórico. Con la Ilustración, el hombre, junto a la razón, vuelve a constituirse en el eje de la historia. Mientras que ya para el siglo XIX y parte del XX, el objeto de estudio de esta disciplina estaría estrechamente ligado a los procesos estructurales de construcción de los estados nacionales. Así, en dicha función social y política de la historia, el pasado era aquel que servía para “inventar” naciones, esto por medio de la selección de ciertos acontecimientos pretéritos que daban unidad e identidad a la diversidad cultural. Por ende, bajo tal escenario, las élites en el poder eran las que definían lo histórico y los derroteros de la historia.

2. Con la profesionalización de la historia, su objeto y su método se trasforman, aunque sin desprenderse de algunas de las funciones sociales antedichas. Por consiguiente, desde ese entonces, ha imperado la búsqueda de la verdad, y el método científico tomó relevancia. Sin embargo, dicho proceso es de suyo complejo, ya que ni antes ni ahora se vio aislado de contextos e intereses coyunturales. Así por ejemplo, bajo el marco del desarrollo capitalista y de los estados nacionales, y de las ciencias naturales y humanas en general, fue cuando empezó a indagarse sobre lo que implicaría la investigación histórica, destacándose al efecto la sociología positivista del siglo XIX, la cual postulaba una historia cronológica, lineal, justo allí residía –para esta corriente de pensamiento– el método científico de la historia. Luego, ya para la segunda mitad del siglo XX, recogiendo algunos de los planteamientos de otras escuelas de pensadores pertenecientes a la primera mitad del siglo, y del establecimiento de universidades por todo el mundo que detonaron la profesionalización de la historia, el objeto y el método histórico viraron hacia un mayor rigor científico-metodológico. El acento se puso desde entonces, en la reconstrucción crítica y razonada del pasado; pasado que ahora es elegible y construido particularmente por el historiador, denominándole tiempo histórico u objeto de estudio, mismo que contempla las siguientes fases metódicas: crítica y selección de fuentes informativas; sistematización e interpretación de las mismas; y exposición del resultado, básicamente expresado en forma escrita u oral, todo, bajo nuevas y variadas metodologías y preguntas de investigación.

3. Si bien es evidente que en la actualidad ese mayor rigor metodológico del historiador es cada vez más sofisticado –científico, diríamos–, también es cierto que el resultado de la investigación histórica en general hoy, sólo procura alcanzar la verdad, no asegura por ende verdades o leyes absolutas, y de ello existe consenso entre la comunidad académica. Incluso, más al extremo, también se ha llegado a plantear que el conocimiento histórico no es científico, sino sólo narrativa. De igual modo, en esta misma discusión sobre la filosofía de la historia, se ha puesto énfasis en que en definitiva la historia no tiene fines puramente científicos, es decir, inmutables a su contexto social, donde imperara la ciencia por la ciencia misma; incluso, nosotros sostenemos, ni las propias ciencias naturales poseen tal condición asocial, ello para dilucidar qué se privilegia examinar, y hacia dónde se orienta su resultado. Por lo tanto, entre estas y otras condiciones epistemológicas más que presenta el objeto y el método de la historia hoy, suscribimos lo dicho por otro distinguido historiador mexicano, Luis González, quien destaca que la verdad en la historia es utópica, puesto que siempre habrá en este campo verdades provisionales o parciales, no absolutas, y más bien, asevera González, se apuesta por un conocimiento razonado, metódico.ii

Al final esto es así, en tanto que los resultados de investigación están sujetos a ser reinterpretados en cada época y tiempo de manera distinta, lo cual depende de la generación de historiadores y de sus intereses ideológico-intelectuales, así como de su vinculación a la sociedad de la cual forman parte. Por ende, es aquí donde toma sentido la historia para qué, al amparo de qué o de quiénes. Es decir, si obedece a temáticas específicas en boga al interior de la vida académica del historiador, o a legitimar o deslegitimar a ciertas élites o grupos de presión, o más objetivamente a forjar conciencia social e identidad en la sociedad, sin distingos y parcialidades. Lo cierto es que, como quiera que sea, a la distancia, en la actualidad, aunque aún sea débil, existe una mayor presencia del gremio de historiadores en la sociedad civil, presencia que ha sido incentivada no sólo por las universidades, sino también por los medios masivos de comunicación.iii

III.

A partir de lo anterior, sobre las condiciones epistemológicas y las funciones sociales de la historia, las cuales fijan el quehacer social del historiador, ahora se retoma, de manera específica, el asunto que al inicio se apuntó, el cual se desprende de los múltiples impactos que ha traído consigo el alza de los combustibles en México. Dicho punto intenta articular varios elementos en común. Se refiere al proceso legitimador decadente que está mostrando el Estado mexicano y su clase política ante la ciudadanía, visto esto a través de las finanzas públicas, lo cual a su vez se relaciona con la falta de certidumbre y unidad nacional sobre el proyecto de nación (reformas estructurales) y el modelo económico imperante en el país.

Cabe recalcar por principio, que pese a la trascendencia del tema de las finanzas públicas mexicanas, la historia, y más en particular la historia económica y política, no han indagado lo suficiente sobre dicho campo, sobre todo para el tramo del siglo XX. Empero, ello no es fortuito, y tiene que ver con al menos tres aspectos. 1. En México, hasta antes de los años sesenta, cuando se empieza a profesionalizar la historia, los intereses ideológico-intelectuales de muchos de los que escribían sobre la economía nacional en general, obedecían a encumbrar los logros del régimen revolucionario, y con ello retrasaron, en parte, el estudio crítico de las finanzas públicas. 2. No existen además, fuentes financieras sistemáticas (ininterrumpidas anualmente) y completas (efectivas) para todo el siglo XX, fenómeno que tiende a ser más diáfano a nivel local, y que está estrechamente vinculado con una estructural falta de trasparencia en la rendición de cuentas públicas y con la corrupción. 3. En general, las tendencias historiográficas actuales no privilegian el análisis de las finanzas públicas posrevolucionarias.

No obstante lo dicho, como pocas vertientes, las políticas fiscal y de gasto público representan una generosa veta de análisis para medir el grado de legitimación que posee el Estado mexicano ante la ciudadanía. Situación que ocurre desde el pacto fiscal Estado-ciudadano, en el cual el Estado tiene la facultad impositiva de extraer una parte de la riqueza que producen los individuos con el propósito de devolvérsela a través de un suministro mínimo de bienes y servicios públicos. Por lo tanto, es en este esquema donde se pueden encuadrar los impactos económicos, políticos y sociales que ha provocado el reciente aumento de las gasolinas. A este respecto, no es la primera vez que la sociedad mexicana reacciona ante alzas de precios relacionados con la política tributaria, reacción que luego es agravada por una política de gasto que no representa los intereses sociales de las mayorías. El pasado mexicano de los últimos 150 años por ejemplo, ofrece luces sobre ello, pero son muy pocas aún.

En esta conjetura, se conoce por ejemplo, que tras la abolición del régimen alcabalatorio en 1896, se generaron algunas rebeliones en contra de los fiscos estatales porfiristas.iv Pero quizá lo más trascendente que se puede apuntar respecto de este tipo de procesos históricos, es lo que produjo la revolución mexicana: la revolución terminó por romper el pacto fiscal Estado-contribuyente, y sobre ello, alguna idea ofrecía hacia 1915 el General Alfredo Elizondo, gobernador provisional de Michoacán: “Que la revolución iniciada por el pueblo mexicano, entre un sinnúmero de causas que la motivaron, [estuvo] la de la absoluta desproporción en el pago de los tributos…”.v Así que, por lo demás, ante un panorama posbélico tan incierto, el nuevo régimen revolucionario tuvo que incorporar el tema fiscal al conjunto de los elementos más sustantivos del nuevo arreglo político federal, pacto que, por otro lado, si bien coadyuvó a legitimar finalmente a dicho régimen por varias décadas, lo hizo a costa de una modernización hacendaria siempre trunca y politizada.

Como producto de ello, se consolidaron dos características antiquísimas del sistema hacendario mexicano, mismas que aún persisten hoy, y que ayudan a comprender lo que está sucediendo con el distanciamiento entre el Estado y la ciudadanía. Por el lado del fisco, permanecen, una baja carga fiscal, excepciones y privilegios tributarios, centralidad federal (contraria por cierto al espíritu municipalista de la Constitución de 1917), y subvaluación y evasión impositiva.vi Mientras que por el lado de la economía pública o gasto, subsiste una estructural ausencia de normatividad encaminada a la trasparencia del ejercicio presupuestal, predominando por lo tanto, un histórico y marcado desbalance entre la legislación tributaria y la legislación orientada al seguimiento del gasto público. Cabe subrayar además, que tal opacidad en la rendición de cuentas, y eventualmente corrupción, fueron parte del propio arreglo político federal posrevolucionario, pero que no necesariamente nacieron con éste.

Al final, podríamos decir que la legitimación que posee ahora el régimen en el poder y el sistema político nacional, es mínima, ya que existe poca unidad y acercamiento con la sociedad. Así que quizá en ello tenga mucho que ver lo dicho arriba: existe una sociedad que si es que paga impuestos, los paga desproporcionada e inequitativamente; asimismo recibe, por lo general, malos servicios públicos, y no está acostumbrada a defender sus derechos ni a asumir todas sus responsabilidades ciudadanas. En tanto que el Estado mexicano por su parte, no ha sabido repartir ni aumentar la carga tributaria de mejor manera, como tampoco lo ha logrado con el gasto público, por lo tanto, se ha distanciado de su papel como representante político de los intereses de la sociedad, y ha obstaculizado por ello la vida democrática en el país. Por eso es que hoy la clase política mexicana no parece voltear al pasado para abonar credibilidad a su presente, o justificar sus proyectos nacionales; son tiempos de incertidumbre, donde no se sabe por ejemplo, cuáles son las fortalezas y cuáles los límites del modelo de economía abierta en México, para entonces establecer claramente la frontera entre la economía pública y la privada, y no dar la impresión de que la toma de decisiones es emergente, insuficiente o de plano errática. En todo ello, pensamos, la historia, a través del historiador, debería tener mayor injerencia social de la que hasta el momento ha tenido.


 

**Abel Padilla Jacobo, Doctor en Humanidades por la UAM-I; ha sido autor de varios textos académicos relativos a la historia económica de Morelia y Michoacán del siglo XX.

i Enrique Florescano, La función social de la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, 403 p.

ii Luis González y González, El oficio de historiar, 3ª. edición, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995.

iii Ibíd. y Enrique Florescano, “La función social del historiador”, en Vuelta, número 218, enero de 1995, pp. 15-20.

iv Dicha tributación alcabalatoria es un antecedente indirecto del impuesto sobre el valor agregado actual. María Cecilia Zuleta, “De viejos y nuevos impuestos: el estado y los contribuyentes frente a la abolición de las alcabalas en México a finales del siglo XIX”, en Brian Connaughton (coordinador), Poder y legitimidad en México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Miguel A. Porrúa, 2003, pp. 451-478.

v Manuel Soravilla, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares que se han expedido en el Estado de Michoacán, Morelia, t. XLIII, vol. 21, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1923, p. 351.

vi Véase Luis Aboites Aguilar, Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1970, México, El Colegio de México, 2003, 308 p.

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